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Diego Bavio. — Venezuela corre el riesgo de negociar hoy las condiciones de un gobierno que todavía no existe. Cuando Augusto Pinochet entregó la presidencia de Chile a Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990, se puso fin formalmente al régimen militar. Pero Pinochet no había abandonado el poder: permaneció como comandante en jefe del Ejército durante ocho años más y luego ocupó un escaño de senador vitalicio.
El antecedente resulta poderoso para pensar la transición venezolana: una transición política no termina el día de las elecciones. Ese día comienza otra etapa: la del gobierno, que deberá administrar lo acordado.
Quienes estén sentados a la mesa no serán necesariamente quienes gobiernen Venezuela después. Jorge Rodríguez, por el chavismo, y Dinorah Figuera, por un sector de la oposición. Quien negocia puede buscar un acuerdo; quien gobierne después tendrá que convivir con sus consecuencias. No es lo mismo.
Una mesa de transición puede evitar una ruptura violenta y crear condiciones para elecciones libres. Pero no debería condicionar innecesariamente al gobierno surgido de las urnas.
Ese gobierno tendrá que decidir sobre las FF. AA, la policía, el Poder Judicial, las empresas públicas, los activos venezolanos y quienes hayan cometido delitos.
Si esas cuestiones se resuelven de antemano, el nuevo gobierno podría obtener una enorme legitimidad electoral y quedar condicionado por decisiones que no tomó.
La experiencia chilena muestra que una transición no se mide solo por quién gana las elecciones, sino también por cuánto poder conserva el régimen que la precedió y por cuánto margen de maniobra recibe el gobierno elegido.
Los presos políticos son una muestra de un problema mayor. Su liberación debería ser una condición básica de cualquier transición democrática, no una ficha de negociación.
Cuando la libertad se presenta como un punto negociable, aquello que debería ser un derecho puede convertirse en una concesión.
El contraste con el oro resulta difícil de ignorar. Mientras la liberación de presos políticos se administra con cuentagotas, el chavismo exige la restitución inmediata del oro retenido en el Banco de Inglaterra.
También está la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, que plantea el riesgo de que se convierta en una maniobra dilatoria. El oro puede liberarse con relativa rapidez; renovar el TSJ requiere un proceso institucional. Después habrá que hacer lo mismo con el CNE.
Pero el problema del oro no es solo financiero. Son reservas estratégicas y liquidez inmediata: precisamente los recursos que el nuevo gobierno necesitará para la reconstrucción. ¿Acaso el chavismo ya está erosionando al próximo gobierno?
Mientras se discuten el TSJ, el CNE y las garantías electorales, el chavismo continúa gobernando y manteniendo el control efectivo del Estado.
El oro puede regresar. La institucionalidad tarda meses. El poder no se suspende.
La transición no puede convertirse en una espera indefinida: si el objetivo es una elección libre, el cronograma debe conducir rápidamente hacia ella.
Existe una vieja tentación en las negociaciones políticas: convertir el procedimiento en sustituto del objetivo. Se negocia, se crean mesas y se anuncian acuerdos. Y mientras tanto, el poder permanece donde estaba.
Una transición permanente deja de serlo. El problema no es que exista una mesa de negociación. La mesa es necesaria. El problema es que puede decidir. Puede establecer las condiciones para una elección libre, acordar garantías para quienes abandonen el poder y facilitar una salida pacífica. Pero debe existir una frontera clara entre las garantías necesarias para una transición y las decisiones que correspondan al próximo gobierno.
Una cosa es garantizar la participación política del chavismo tras haber perdido el poder. Otra es impedir que el próximo gobierno investigue delitos, recupere activos, reforme instituciones o revise responsabilidades.
Una cosa es garantizar que nadie sea perseguido por sus ideas políticas. Otra es garantizar impunidad.
El verdadero examen será el día siguiente. Ese día habrá un gobierno elegido por los venezolanos que deberá hacerse cargo de un país devastado, de instituciones destruidas y de una economía que necesita ser reconstruida. Tendrá que responder por las víctimas, los activos recuperables y la reforma de la Justicia
Por eso, quienes hoy negocian deberían recordar que no solo están definiendo cómo termina el chavismo. Están definiendo qué margen de gobernabilidad tendrá Venezuela en adelante.
La pregunta fundamental no es cuándo habrá elecciones. Es: ¿Qué Venezuela recibirá el gobierno que las gane? Porque allí, y no en la fotografía de la mesa de negociación, estará la verdadera medida de si Venezuela consiguió una transición democrática o simplemente una nueva forma de administrar su pasado.
