The Daily Journal – El anuncio del acuerdo petrolero entre la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dejado indiferente al gremio de los economistas del país.
A diferencia del consenso crítico que se observó entre los exministros de Petróleo, las opiniones entre los especialistas económicos abarcan un espectro más amplio, que va desde el escepticismo fiscal más profundo hasta el optimismo cauteloso y la defensa abierta del pacto. Lo que sí parece unificar a la mayoría es la demanda de mayor transparencia y la preocupación por la viabilidad de los ingresos proyectados.
El exdirector del Banco Central de Venezuela, José Guerra, centró su análisis en la dimensión temporal y en la necesidad de claridad sobre el régimen fiscal aplicable. En su cuenta de X, Guerra señaló que, de explotar unos dos millones de barriles diarios en los campos contemplados, se tardarían 89 años en agotar los yacimientos, y recalcó que las reservas seguirán siendo propiedad nacional.
No obstante, advirtió que aún no se han especificado aspectos fundamentales como la ubicación de los 17 campos ni el mecanismo de explotación, aunque se asume que será mediante concesiones similares a las anteriores a la nacionalización de 1976. El economista también cuestionó la opacidad del gobierno en el manejo de los fondos y pidió aclarar el alcance del acuerdo para la administración de los ingresos petroleros.
Uno de los análisis más técnicos y críticos provino de Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Baker Institute de la Universidad Rice. Monaldi consideró «insólitamente bajo» el monto de impuestos anunciado por el gobierno interino.
«Tenemos que conocer los detalles del acuerdo petrolero anunciado ayer para poder evaluarlo con propiedad», escribió en X, y añadió: «El monto de impuestos por recabar anunciados por el gobierno interino es insólitamente bajo».
Según sus cálculos, los 209.000 millones de dólares que el gobierno proyecta recibir por 65.000 millones de barriles representan apenas 3,2 dólares por barril. Monaldi advirtió que «si ese monto es en términos nominales, traído a valor presente es una cantidad irrisoria» y calificó de «muy alarmante» la falta de transparencia con que se maneja la política petrolera.
Además, señaló que «la mayoría de estas no son reservas debidamente probadas», lo que añade incertidumbre sobre el potencial real de los yacimientos.
Francisco Rodríguez, investigador principal del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y profesor de la Universidad de Denver, adoptó un enfoque metódico al plantear nueve interrogantes sobre el acuerdo en su cuenta de X.
«Saludo que la Presidenta Encargada haya ofrecido anoche algunos detalles adicionales sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Sin embargo, necesitamos mucha más información que la que fue proporcionada en esa breve alocución para evaluar si este acuerdo beneficia a la nación», escribió.
Entre sus principales cuestionamientos, Rodríguez preguntó si el convenio será sometido a la Asamblea Nacional, al considerar que el artículo 150 de la Constitución establece requisitos para los contratos de interés público nacional con Estados extranjeros.
También exigió explicar cómo fueron seleccionadas las empresas operadoras y por qué no se conoció un proceso de licitación pública. Sobre los 209.000 millones de dólares proyectados, Rodríguez pidió precisar si se trata de montos nominales, ajustados por inflación o calculados a valor presente: «Los 209 mil millones de dólares equivalen, a lo largo de 25 años, a unos 8.400 millones de dólares anuales, un monto relativamente bajo en comparación a los ingresos fiscales que Venezuela ha obtenido en el pasado de similares niveles de producción».
El economista también cuestionó el portal de transparencia prometido por el gobierno, señalando que «tiene su última actualización del 13 de marzo de 2026 y contempla un solo ingreso de 300 millones de dólares».
En una posición intermedia, el economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros instó a evitar posturas extremas. «Por eso prefiero no caer ni en la celebración anticipada ni en el rechazo automático. Me parece una oportunidad importante y creo que una alianza energética entre Venezuela y Estados Unidos puede tener efectos muy positivos para el país», afirmó.
Sin embargo, Oliveros subrayó que el anuncio es apenas el comienzo: «Lo verdaderamente importante será ver bajo qué reglas se hará, quién pondrá el capital, cómo se protegerá esa inversión y, sobre todo, qué instituciones vamos a construir para que esta vez el petróleo ayude a sostener una economía más estable».
El economista insistió en que las inversiones necesarias «necesitan años para madurar y, por tanto, requieren algo que Venezuela ha tenido dificultades para ofrecer: reglas claras y previsibles en el tiempo. Seguridad jurídica, contratos que se respeten, mecanismos de arbitraje y una institucionalidad que no dependa de quién gobierne en Caracas o en Washington».
En materia fiscal, Oliveros advirtió: «Con el nivel de riesgo que todavía representa Venezuela, pretender una carga fiscal demasiado elevada puede terminar haciendo inviables proyectos que sobre el papel lucen muy atractivos».
Luis Oliveros, economista y decano de la Universidad Metropolitana, se erigió como uno de los defensores más explícitos del acuerdo.
«Faltan detalles, data, sin duda, pero firmar un acuerdo a largo plazo con empresas norteamericanas (no iraníes, cubanas, etc.), para desarrollar una parte de nuestras reservas, no parece una mala estrategia», señaló.
El economista calificó el pacto como una «buena estrategia» y sostuvo que «siempre se habló de la necesidad de la inversión extranjera en la industria petrolera y en general en la economía venezolana».
Oliveros también señaló que el acuerdo contempla alrededor de 17 proyectos petroleros, de los cuales más de la mitad corresponderían a nuevos desarrollos bajo la figura de Contratos de Producción Compartida (CPP), con un horizonte de 25 años.
Según sus estimaciones, el Estado venezolano recibiría aproximadamente 20 dólares por barril, tomando como referencia un precio del Brent de 65 dólares, y las inversiones podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares. «Estamos ante un verdadero game changer», afirmó, aunque reconoció que todavía existen numerosos aspectos que deben conocerse y analizarse.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza, puso el acento en la falta de información pública como un obstáculo para la inversión y el crédito.
Balza denunció que las promesas de transparencia no se han cumplido: «La información sobre los flujos petroleros iba a estar disponible en una página web… Esas páginas no existen».
El decano enfatizó que «es prioritario conocer el movimiento real de ingresos y egresos por ventas petroleras, así como el destino de esos recursos (pago de deuda, importación de medicinas o diluyentes)». Para Balza, cualquier transformación profunda de la industria dependerá de que se garantice el acceso a la información.
Hermes Pérez, economista con amplia experiencia en el Banco Central de Venezuela, ha abordado el tema desde la perspectiva del mercado de criptomonedas, señalando que la normalización del comercio petrolero con Estados Unidos podría generar que la oferta de activos digitales «disminuya considerablemente» en el país.
