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Julio A. López, editor jefe. – North American Blue Energy Partners (NABEP), la petrolera controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, ya se encuentra tocando puertas a inversionistas estadounidenses e internacionales para financiar el desarrollo de los 17 campos petroleros incluidos en el reciente acuerdo energético entre Washington y Caracas, según reveló el lunes el Financial Times. Parte de esos yacimientos estuvo en el radar de los intereses chinos y rusos, lo que añade un componente geopolítico adicional a la operación.
El movimiento marca el paso del acuerdo bilateral desde el terreno estrictamente político hacia una fase concreta de levantamiento de capital y de armado corporativo. El proyecto contempla una inversión cercana a los 100.000 millones de dólares, con el objetivo declarado de superar los 1,5 millones de barriles diarios de producción combinada en los campos incluidos —yacimientos que, según reportó Bloomberg, se extienden desde la zona de Junín en la Faja del Orinoco hasta las cuencas petroleras alrededor del Lago de Maracaibo, cuna de la industria petrolera venezolana desde hace más de un siglo. NABEP, con sede formal en Barbados, produce actualmente unos 200.000 barriles diarios y, según una fuente cercana a la compañía citada por The Washington Post, contempla endeudarse hasta 5.000 millones de dólares para elevar su producción a un millón de barriles diarios en un plazo de cinco años.
El Financial Times añade un dato relevante: el esquema contaría con el respaldo de la Oficina de Capital Estratégico (OSC, por sus siglas en inglés) del Pentágono, organismo creado en 2022 durante la administración Biden para apoyar, con capital privado, el desarrollo de tecnologías consideradas críticas para la seguridad nacional estadounidense. Su función, en este caso, sería mitigar los riesgos financieros y políticos que enfrentan los inversionistas potenciales al invertir en un país con un historial reciente de sanciones e inestabilidad institucional.
Sin embargo, persiste la controversia sobre el alcance real de esa participación. Reportes previos del Wall Street Journal, replicados por Reuters y Bloomberg, habían señalado que el gobierno estadounidense planeaba tomar una participación pasiva del 35% directamente en NABEP, junto con derechos preferenciales para adquirir el 20% de su producción a precio de costo, mediante un mecanismo de penny warrants que le otorgaría a Washington una participación accionaria sin un desembolso significativo de capital.
No obstante, al ser consultado por Reuters, el vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, contradijo tajantemente esa versión: aseguró que la OSC “no toma participaciones accionarias en empresas privadas” y que su rol, por mandato legal, se limita estrictamente a otorgar préstamos, garantías de crédito o asistencia técnica para estructurar las inversiones. Todavía no se puede confirmar la cifra exacta de la participación estadounidense en la compañía de Betancourt.
Tampoco se conocen públicamente otros elementos clave: qué inversionistas han comprometido capital hasta el momento, los montos individuales aportados, la estructura financiera definitiva del vehículo de inversión, los operadores que se asignarán a cada uno de los 17 campos, ni el cronograma de perforación previsto para alcanzar la meta de producción. De concretarse en los términos discutidos, la nueva entidad se convertiría en la segunda mayor tenedora corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, únicamente detrás de la saudí Aramco, según funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales.
El esquema surge, según Reuters, tras que las grandes petroleras estadounidenses —entre ellas ExxonMobil y ConocoPhillips— se mostraron reacias a destinar capital significativo a Venezuela, alegando preocupaciones legales, de seguridad e infraestructura. Ante esa reticencia, el Departamento de Estado lideró las negociaciones iniciales antes de incorporar, de forma tardía, a la oficina de capital estratégico del Pentágono para diseñar un mecanismo de financiamiento alternativo.
Este mismo día, Reuters reportó, además, que abogados y especialistas en derecho energético cuestionan la ausencia de un proceso de licitación competitiva para adjudicar estos campos, así como la falta de transparencia contractual y ciertas dudas sobre si la estructura fiscal y de control operacional anunciada cumple cabalmente con el marco jurídico venezolano vigente. Se trata, hasta ahora, de cuestionamientos planteados por juristas y analistas, no de una determinación oficial de ilegalidad por parte de ninguna autoridad competente
