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Julio A. López, editor jefe. — Víctor Hugo Quero Navas no era un terrorista. No era un conspirador internacional. No era un enemigo del Estado. Era un venezolano de 51 años que vendía jeans en mercados populares de Caracas, comercializaba vitaminas y productos Herbalife para sostener a su madre de 82 años y había dedicado parte de su vida al kárate. Tenía una hija de 17 años en Argentina y, como millones de venezolanos, sobrevivía en medio del colapso económico y social del país.
Pero Venezuela lo convirtió en otra cosa: en un desaparecido. En un número más dentro del oscuro laberinto de presos políticos, de desapariciones forzadas y de muertes bajo la custodia del Estado.
Y su madre, Carmen Navas, terminó convirtiéndose en el rostro más desgarrador del amor maternal en la Venezuela contemporánea.
Durante 16 meses, aquella anciana recorrió cárceles, tribunales, fiscalías, defensorías y oficinas públicas, preguntando una sola cosa: “¿Dónde está mi hijo?”. Tocó puertas una y otra vez. Preguntó doce veces en la cárcel de El Rodeo si Víctor Hugo estaba allí. Doce veces le respondieron que no. Mientras tanto, según reconoce hoy el propio Estado venezolano, su hijo ya llevaba meses muerto.
No existe crueldad burocrática más monstruosa que obligar a una madre anciana a buscar durante meses a un hijo que el Estado ya sabía que había muerto.
Carmen Navas caminó sola por ese infierno. Con un cartel colgado al pecho, se convirtió en una peregrina del dolor venezolano. Denunció la desaparición ante periodistas, organismos de derechos humanos y autoridades, que nunca respondieron con claridad. Fue hostigada incluso para que dejara de reclamar.
Y mientras ella buscaba desesperadamente a su hijo vivo, el propio aparato estatal venezolano se contradecía grotescamente: organismos oficiales abrían investigaciones para localizar como “desaparecido” a un hombre que ya había sido enterrado en secreto meses antes.
La historia parece escrita por una maquinaria diseñada para triturar seres humanos.
Víctor Hugo fue detenido sin orden judicial el primero de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Lo acusaron de terrorismo, de financiamiento al terrorismo, de traición a la patria y de supuestos vínculos con agencias extranjeras. Ni su familia ni sus abogados tuvieron acceso al expediente. Introdujeron recursos de habeas corpus que jamás fueron admitidos.
Después vino el silencio.
Y luego vino algo peor que el silencio: la mentira.
Según el propio Gobierno, Víctor Hugo murió el 24 de julio de 2025 tras padecer graves problemas gastrointestinales y una infección respiratoria. Otros presos relataron que se deterioró físicamente mientras lo alimentaban únicamente con granos en prisión.
Lo enterraron sin avisarle a su madre.
Lo enterraron con una lápida improvisada de papel.
Lo enterraron mientras Carmen Navas seguía recorriendo cárceles preguntando dónde estaba.
Y aun después de comunicarle oficialmente la muerte de su hijo, esa madre tuvo que solicitar una prueba de ADN para confirmar que el cadáver pertenecía realmente a Víctor Hugo.
Hay dolores para los que el lenguaje humano simplemente no alcanza.
Porque ninguna herida se parece a la de una madre que pierde a su hijo. Pero incluso los textos sagrados parecen insuficientes ante el dolor y horror de esta historia.
Porque una cosa es enterrar a un hijo. Otra muy distinta es descubrir, meses después, que el Estado lo enterró a escondidas mientras obligaba a su madre a buscarlo entre cárceles, oficinas y cementerios.
Eso no es solo negligencia.
Eso no es solo incompetencia.
Eso tiene un nombre histórico, moral y político.
Crueldad extrema.
Hoy Venezuela está de luto.
Y también debería estar indignada.
Hoy deberían estar bajo investigación inmediata todos los responsables de esta tragedia: el director de la cárcel, el juez, los fiscales, los custodios, los funcionarios penitenciarios, los organismos de inteligencia y todos aquellos que mintieron, ocultaron información o permitieron que una madre anciana atravesara semejante infierno.
Si quienes gobiernan dedicaran la misma energía que emplean para perpetuarse en el poder a proteger la vida de los ciudadanos, Carmen Navas jamás habría vivido esta pesadilla.
Y si los políticos de la oposición defendieran con la misma vehemencia a los presos políticos y a las víctimas del Estado que la que dedican a conquistar el poder, seguramente hoy Víctor Hugo seguiría vivo.
Lo que ocurrió con Víctor Hugo Quero no constituye únicamente una tragedia familiar: representa una acusación moral contra todos los responsables de este crimen y contra un aparato de poder que convirtió el dolor humano en una rutina burocrática. Hoy Venezuela no solo llora a un hijo asesinado bajo custodia del Estado, sino también la muerte de su madre, que lo buscaba.
Hoy Venezuela perdió otro pedazo de su alma.
