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María Alejandra Díaz Marín. – Tras los impactos geopolíticos que sacuden a Venezuela a raíz de los acontecimientos del 3 de enero de 2026, la cúpula gobernante ha intentado construir un andamiaje intelectual para justificar lo que ya no puede ocultarse.
Un ejemplo de esta operación discursiva son los textos de Francisco Ameliach sobre la “negociación asimétrica” y la aplicación punitiva de los estatutos del partido. A través de ellos busca otorgar legitimidad teórica a las concesiones y al viraje político que hoy ejecuta el Ejecutivo de Caracas.
Sin embargo, cuando esa narrativa se enfrenta a la realidad operativa del PSUV y del aparato estatal, el discurso se derrumba. Lo que se presenta como estrategia de resistencia no es más que pragmatismo de supervivencia burocrática: la entrega de la soberanía a cambio de conservar el poder.
Para comprender la magnitud de esta mutación política, es necesario desmontar tres pilares centrales de ese discurso.
1. El mito de la “negociación asimétrica”
El autor sostiene que el gobierno actúa en el marco de una “negociación asimétrica” destinada a “minimizar daños” ante potencias hostiles. La metáfora del secuestrador sirve para justificar concesiones estructurales presentadas como una necesidad táctica.
Pero lo que llaman “flexibilidad estratégica” —especialmente el uso de las reservas petroleras como ficha de negociación— es, en realidad, una transacción de autopreservación política.
La modificación de normas fundamentales, como la Ley de Hidrocarburos y Minas mediante la Ley Antibloqueo, no constituye defensa nacional, sino la cesión de activos estratégicos para garantizar una coexistencia subordinada con actores externos.
La prioridad del Alto Mando ya no parece ser la soberanía nacional, sino la preservación de sus cuotas de poder burocrático. La consecuencia es una ruptura con los principios históricos que alguna vez proclamó defender.
2. El vaciamiento ideológico y el pragmatismo neoliberal
Ameliach intenta diferenciar el “pragmatismo neoliberal” de un supuesto “pragmatismo chavista”, argumentando que modificar el modelo económico implica ceder en lo secundario para preservar lo esencial.
Sin embargo, la propia lógica del discurso evidencia lo contrario: la élite gobernante terminó por internalizar la racionalidad que antes denunciaba. El Estado deja de concebirse como un proyecto político transformador y pasa a administrarse como una estructura abierta al capital transnacional y regida por criterios meramente gestionales.
El resultado es la pérdida de la mística que durante años movilizó a las bases. El proyecto deja de ofrecer un horizonte de transformación y se convierte en un mecanismo de conservación del sistema.
Así, el movimiento se orienta al mantenimiento del status quo y el viejo discurso antiimperialista queda reducido a retórica vacía.
3. Cohesión coercitiva y disciplina partidista
Para contener las tensiones internas, se recurre a interpretaciones rígidas del Libro Rojo y del Código de Ética del PSUV. La invocación permanente de la “unidad” y del “centralismo democrático” busca impedir cualquier cuestionamiento público.
En la práctica, el Artículo 41 se convierte en un instrumento disciplinario para silenciar la crítica y controlar el creciente descontento interno.
La cohesión del partido ya no surge de la convicción política sino del temor a las sanciones, la marginación o la expulsión. La obediencia deja de ser expresión de compromiso ideológico y pasa a sustentarse en mecanismos de coerción burocrática.
En definitiva, la sofisticación teórica de los defensores de la cúpula gobernante intenta encubrir una profunda derrota política. Se reviste de “estrategia” lo que, en realidad, es una adaptación defensiva ante una situación de extrema vulnerabilidad.
Lo que observamos es la mutación de un proyecto que abandona la soberanía nacional para preservar una estructura de poder sostenida por la desideologización y la cohesión coercitiva.
Ceder leyes, recursos y márgenes de la autonomía nacional no constituye una “retirada estratégica”. Representa la deconstrucción progresiva de la República venezolana para garantizar la permanencia de una élite burocrática atrincherada en el poder.
