Óscar Reyes Matute.- El pasado 4 de julio de 2026 (250 años de la Independencia del imperio) expiró formalmente el plazo de 180 días del Decreto de Conmoción Exterior 5.200, supuestamente firmado agónicamente por Nicolás Maduro antes de su extracción militar. Frente a este hito, un sector muy específico de la política venezolana decidió escenificar su resistencia: la izquierda disidente, el comunismo del PCV y el chavismo originario. Figuras como Andrés Giussepe, Manuel Isidro Molina y Yul Jabour acudieron a las escalinatas del TSJ para interponer un Recurso de Interpretación ante la Sala Constitucional, denunciando una «desviación de poder e incongruencia fáctica».
No conformes con el papeleo, han convocado a una «consulta ciudadana digital» para respaldar la exigencia de restablecer el orden constitucional de 1999.
El argumento técnico de los recurrentes es, en el papel, impecable: prorrogar el control absoluto del país bajo la premisa de una amenaza militar externa, cuando la realidad material son dos terremotos catastróficos que han demolido el centro del país, constituye un fraude constitucional. Es usar la fachada de una guerra exterior para sostener una dictadura interna. Lo curioso es que se les olvida que el invasor (la guerra exterior) cogobierna.
Esa foto y esa propuesta de consulta digital revelan la más profunda, conmovedora y estéril desconexión biopolítica.
Este bloque nostálgico del chavismo primitivo y el nacionalismo procedimental insiste en jugar un juego cuyas reglas ya no existen. Su lógica es endógena, ciega al tablero global. Mientras ellos diseñan formularios en la web y exigen gacetas, el país real opera bajo las coordenadas del Plan POTUS y el protectorado fáctico. En el terreno, la soberanía está coadministrada: helicópteros y brigadas de rescate de los Estados Unidos —bajo el mando del general Jarrard— y equipos de asistencia internacionales, incluso del Estado de Israel, gestionan la pura contingencia biológica junto al Ejecutivo de Caracas liderado por Delcy Rodríguez.
El poder real se dirime en los campamentos y en el reparto logístico. Pero claro, donde las facciones ya huelen el botín del nuevo «Plan Marshall» petrolero que se avecina.
Invocar una «consulta online» a una ciudadanía reducida por la catástrofe a lo que Giorgio Agamben denomina la nuda vida —la existencia despojada de derechos, expuesta al hambre y a la intemperie— es romanticismo macabro. El ciudadano que hoy escarba la tierra en La Guaira, o el habitante de Caracas reducido a una carpa, no habita el espacio de la «ciudadanía organizada» ni exige finezas constitucionales; habita el espacio de la supervivencia pura. El calendario sagrado de los 180 días es un fetiche que solo importa en los escritorios jurídicos de la capital; para el homo sacer del litoral (Agamben dixit), el soberano es quien provee el camión de agua o la planta eléctrica.
Paradójicamente, la pirueta judicial de Giussepe y Molina le entrega a Delcy Rodríguez una coartada política inestimable. No es la Casa Blanca ni el comando de ocupación de facto quienes le disputan las competencias extraordinarias; son los herederos de la nostalgia institucional local. Esto le permite al Ejecutivo transitar con comodidad por el camino del silencio soberano, ignorando la formalidad legislativa. El régimen sabe que el TSJ tiene solo dos opciones ante el recurso, y ambas favorecen la factualidad gubernamental: la «gaveta constitucional» —admitir el trámite para su estudio y dejar correr el tiempo mientras los poderes de facto aseguran el orden en la calle— o la «mutación judicial», mediante una sentencia de la Sala Constitucional que convalide la «dictadura», interpretando que la emergencia sísmica absorbe la Conmoción Exterior anterior para decretar un Estado de Alarma indefinido. Le están dando el argumento perfecto…
El intento de este bloque por revivir el espíritu de 1999 frente a un tribunal sometido expone el colapso definitivo del derecho frente al hecho. Al igual que Juan Guaidó en 2019, quien gobernó en el limbo de un interinato burocrático autojuramentado y autoextendido y de espaldas al territorio hasta ser disuelto por sus propios aliados, las estructuras actuales se sostienen solo por la fuerza de la contingencia y el visto bueno de Washington. Romper el silencio administrativo ante una población postrada es innecesario para quien ejerce el control material. Los notables salieron retratados en el TSJ defendiendo un texto sagrado, pero el país ya se mudó al terreno de la fuerza y el pragmatismo. En la Venezuela del desastre, el derecho ha dejado de ser un escudo; es apenas el eco lejano de una normalidad que no va a regresar a través de una pantalla. No sabemos si va a regresar. Y, si regresa, tampoco sabemos cómo. Pero no va a ser a través de las pantallas de los celulares en una cyberconsulta.
