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Román Eduardo Reyes Vásquez, coordinador de Foro Penal en Utah.- Los terremotos recientes obligaron a Venezuela a enfrentar la magnitud de su propia fragilidad. La destrucción de viviendas, hospitales, escuelas y servicios públicos exige una reconstrucción material urgente. Pero ningún país se reconstruye solo con cemento: también deben levantarse la justicia, la confianza ciudadana y el respeto a la libertad. La reconstrucción física será insuficiente si el país continúa manteniendo estructuras que permiten la persecución política.
La tragedia natural coincidió con otra, más prolongada: el deterioro sistemático de las instituciones encargadas de impartir justicia. Durante más de una década, el sistema penal venezolano ha sido utilizado para intimidar, neutralizar y castigar a quienes protestan, denuncian abusos, ejercen el periodismo o defienden los derechos humanos. La criminalización de la disidencia no es un fenómeno aislado, sino una práctica sostenida que ha convertido la ley en un instrumento de control político.
Foro Penal, organización que mantiene el registro más completo y verificable sobre la materia, documenta 19.142 detenciones políticas desde 2014. Además, más de 11.000 personas han sido sometidas a procesos penales con medidas cautelares que restringen su libertad sin haber sido condenadas. Estas cifras revelan un patrón: la prisión política no es un exceso ocasional, sino una política de Estado que se mantiene a lo largo del tiempo y afecta a miles de familias en todo el país.
El balance oficial de Foro Penal, actualizado al 6 de julio de 2026, registra 372 presos políticos en Venezuela. De ellos, 214 son civiles y 158 militares. 37 poseen nacionalidad extranjera. La organización también señala que 213 de estas personas no han sido condenadas, lo que implica que permanecen privadas de libertad sin sentencia firme, en abierta contradicción con los principios del debido proceso. Estas cifras provienen del monitoreo directo, verificado y publicado semanalmente por la ONG.
La Ley de Amnistía generó esperanza entre cientos de familias y permitió excarcelaciones, sobreseimientos y el levantamiento de medidas cautelares. Negar esos avances sería injusto para quienes recuperaron su libertad y para quienes esperaron durante años la salida de un familiar. Sin embargo, la amnistía no desmontó la estructura que hace posible la prisión política. Las liberaciones fueron significativas, pero el sistema que produce nuevos presos políticos permaneció intacto. La consecuencia es evidente: mientras unas personas salían de prisión, otras eran detenidas bajo la misma lógica de persecución.
En mi libro Jueces del Régimen: Aplicación de Leyes contra la Disidencia en Venezuela analizo cómo el sistema penal puede convertir la disidencia en delito. La persecución no termina con la detención. Se prolonga mediante medidas cautelares que obligan a presentaciones periódicas, prohibiciones de salida del país, restricciones a declarar públicamente y expedientes que permanecen abiertos durante años. Por eso es fundamental distinguir entre excarcelación y libertad. Una persona puede abandonar una celda y seguir sometida al control del Estado, al silencio impuesto o al temor de volver a expresar sus ideas.
Tras los terremotos, Venezuela necesita solidaridad y unidad nacional. Pero la unidad no puede imponerse mediante el miedo ni pedir a las víctimas que olviden mientras otras personas continúan tras los barrotes. La reconstrucción material será incompleta si el sistema de justicia sigue utilizándose para castigar al adversario político. La prisión política no solo vulnera derechos individuales, sino que también impide la reconstrucción institucional, porque transmite el mensaje de que la ley es un instrumento de poder y no un límite frente a él.
Los 372 presos políticos actuales son la evidencia más clara de que la reconstrucción democrática sigue pendiente. Venezuela podrá levantar edificios, reparar carreteras y restablecer los servicios públicos. Pero no podrá reconstruir su democracia mientras mantenga cárceles para la disidencia.
La reconstrucción nacional exige liberar no solo a las personas encarceladas injustamente, sino también a las instituciones cooptadas por el discurso de persecución.
Un país verdaderamente reconciliado no administra la prisión política: la elimina.
