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Julio A. López, editor jefe. – Los pueblos pueden soportar la pobreza. Pueden soportar gobiernos ineficientes, crisis económicas e incluso períodos prolongados de incertidumbre política. Lo que pocas sociedades soportan indefinidamente es la pérdida de la esperanza.
Después del 3 de enero de 2026, la inmensa mayoría de los venezolanos creyó que el país había comenzado a transitar hacia un futuro distinto. No importaba la posición política de cada uno. Incluso quienes se mantenían dentro de la izquierda democrática reconocían que el modelo político nacido en 1998 había alcanzado un nivel de agotamiento y de desviación que hacía indispensable un cambio.
Aquella esperanza fue real. El país entero comenzó a proyectar un futuro diferente.
Pero la realidad comenzó a mostrarse mucho más compleja de lo que los venezolanos habíamos imaginado.
Desde las primeras declaraciones del presidente Donald Trump quedó claro que los acontecimientos que se desarrollarían en Venezuela no necesariamente respondían a las expectativas de los venezolanos. Primero llegó la «transición». Luego apareció un concepto político desconocido en nuestra historia republicana: el «tutelaje». Y mientras el país intentaba comprender qué significaba cada una de estas etapas, comenzó a producirse algo mucho más peligroso que cualquier debate jurídico o constitucional: el desgaste emocional y económico de la sociedad.
Hoy, independientemente del nombre que se le quiera dar al proceso político venezolano, existe una realidad imposible de ocultar.
La gente no siente que viva mejor.
Las cifras macroeconómicas pueden decir muchas cosas, pero los bolsillos vacíos suelen tener una capacidad extraordinaria para desmentir cualquier narrativa política. El desempleo continúa siendo una tragedia cotidiana. Todos los días recibimos mensajes de profesionales venezolanos desesperados por conseguir trabajo. Ingenieros, técnicos petroleros, abogados, economistas y trabajadores con décadas de experiencia siguen esperando la gran recuperación económica que les prometieron.
La industria petrolera, llamada a convertirse en uno de los principales motores de la recuperación nacional, todavía no ha generado el efecto multiplicador que millones de venezolanos esperaban. Los terremotos del pasado 24 de junio solo hicieron más visible una realidad ya presente: Venezuela continúa siendo un país extraordinariamente vulnerable.
La gran pregunta ya no es política. Es social.
Los venezolanos comienzan a experimentar algo que los sociólogos denominan hartazgo social: un estado colectivo de agotamiento, frustración y pérdida de confianza en las instituciones, en los liderazgos y, lo más peligroso de todo, en el futuro.
La historia está llena de ejemplos de sociedades que llegaron a ese punto. El hartazgo social precedió la caída de gobiernos, provocó explosiones populares y dio origen tanto a procesos democráticos como a nuevas tragedias políticas. Ninguna sociedad puede permanecer indefinidamente atrapada entre la esperanza frustrada y la incertidumbre permanente.
El hartazgo social no tiene ideología. Tampoco tiene dueño político. Cuando aparece, suele arrastrar consigo los planes mejor diseñados de gobiernos nacionales, organismos internacionales y grandes potencias.
El gobierno venezolano sabe que existe. El gobierno de Estados Unidos también lo sabe. Seguramente por ello hemos visto ajustes en los planes originales y probablemente veremos otros en las próximas semanas. Ninguna estrategia política puede tener éxito si pierde de vista la realidad que vive la población.
Mientras tanto, una parte importante de la clase política venezolana continúa apostando por soluciones democráticas y electorales que, hasta ahora, no forman parte de las prioridades inmediatas de quienes hoy tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el futuro del país.
Por su parte, las grandes empresas petroleras tampoco tienen como misión promover la democracia venezolana. Su responsabilidad recae en sus accionistas y en sus inversiones. Pretender lo contrario sería desconocer la naturaleza misma del capital privado.
Pero el problema de fondo no es ese.
Venezuela no es un proyecto geopolítico, ni un expediente diplomático, ni un activo petrolero en disputa. Es una nación de más de treinta millones de seres humanos que han esperado demasiado tiempo la posibilidad de reconstruir sus vidas.
Los pueblos no viven de transiciones. No viven de tutelajes. No viven de promesas. Viven de empleo, de estabilidad, de oportunidades y de esperanza.
El mayor riesgo que enfrenta hoy Venezuela no es económico ni político. Es permitir que el hartazgo social sustituya definitivamente a la esperanza.
Porque cuando un pueblo pierde la esperanza, también comienza a perder la paciencia. Y la historia demuestra que pocas fuerzas son más impredecibles y difíciles de contener que las de una sociedad que siente que ya no tiene nada que perder.
