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Julio A. López, editor jefe. – Un extenso reportaje publicado este 27 de agosto por The Washington Post profundiza en el papel del empresario venezolano Alejandro Betancourt en la reestructuración del sector energético de Venezuela, señalándolo como uno de los actores centrales en la recuperación de la producción petrolera del país tras la caída de Nicolás Maduro en enero pasado.
Según el diario estadounidense, la compañía que controla el magnate, North American Blue Energy Partners (NABEP), se ha convertido en el segundo mayor productor privado de crudo de Venezuela, solo por detrás de Chevron, tras multiplicar su extracción de apenas 18.000 barriles diarios a cerca de 200.000 en un lapso de aproximadamente dos años.
El diario documenta que Betancourt pasó de ser un empresario del sector energético a convertirse en un puente estratégico entre los gobiernos de Washington y Caracas, participando en la elaboración de algunos de los primeros contratos orientados a reactivar la producción petrolera venezolana. Fuentes citadas por el medio señalan que funcionarios estadounidenses valoraron especialmente su capacidad de moverse con libertad entre ambos países mientras colaboraba en ese proceso, lo que le habría permitido actuar como enlace entre el sector privado, el Departamento de Estado y el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez.
Otros medios, como Fortune y The Sunday Times de Londres, han descrito su rol como comparable al de un “virrey” no oficial de la política energética estadounidense hacia Venezuela, e incluso lo han llamado el nuevo “zar petrolero” del país caribeño, con el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio, y de su asesor, Mauricio Claver-Carone.
La reconstrucción de los activos de NABEP está estrechamente ligada al antiguo campo Petrozamora, en el Lago de Maracaibo, una empresa mixta creada en 2012 junto a capitales rusos vinculados a Gazprombank, en la que Pdvsa mantenía originalmente el 60% de participación.
En abril de 2024, NABEP formalizó un acuerdo con Pdvsa y su filial, Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), para asumir la operación de esos campos, un convenio que también suscribió el empresario estadounidense Harry Sargeant III, entonces socio de Betancourt. Semanas atrás, según reportó Fortune, un grupo cercano al empresario venezolano adquirió la participación minoritaria que Sargeant mantenía en NABEP, poco antes de que el Departamento del Tesoro bloqueara los activos de la firma offshore del inversionista estadounidense.
El reportaje del Post señala, además, que fiscales suizos investigan a Betancourt y solicitaron formalmente a Estados Unidos su detención, petición que el Departamento de Justicia estadounidense no tomó en cuenta. Por el contrario, el empresario recibió posteriormente una visa estadounidense de entrada múltiple.
Betancourt, quien saltó a la fama empresarial a través de Derwick Associates —firma que obtuvo contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares durante la crisis eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, con sobreprecios estimados en 2.900 millones según Transparencia Venezuela—, no ha sido acusado formalmente ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en España, ni en Venezuela, y niega reiteradamente cualquier conducta ilícita.
La creciente centralidad de Betancourt en la estrategia energética de la Casa Blanca hacia Venezuela se da en paralelo a los esfuerzos de Washington por atraer a pequeñas petroleras independientes estadounidenses dispuestas a invertir en el país, mientras que las grandes corporaciones del sector se mantienen cautelosas.
En los últimos meses se han cerrado acuerdos preliminares con firmas como Lionheart Capital y Pacific Coast Energy Co., procesos en los que, según distintas fuentes periodísticas, el empresario venezolano ha desempeñado un papel activo como facilitador entre los intereses de Caracas y Washington.
Un ascenso meteórico en una industria donde el poder económico, las relaciones estratégicas y los grandes capitales suelen avanzar de la mano. Su creciente influencia, que durante años pareció contar con importantes respaldos en Caracas, adquiere ahora una nueva dimensión: su radio de acción parece extenderse hasta los centros de decisión en Washington.
La capacidad financiera siempre ha abierto puertas en los grandes negocios. Sin embargo, el interrogante ahora va más allá: ¿puede también traducirse en protección e influencia suficientes para obtener una suerte de patente de corso que permita operar en la industria petrolera venezolana con una libertad y una exposición hasta hace poco impensables?
