El mecanismo supone que Venezuela, «un país empobrecido, subsidie a un país rico como Estados Unidos», afirmó el economista
Neirlay Andrade.— Venezuela podría asumir un sacrificio fiscal de alrededor de US$6.000 millones por las condiciones del nuevo acuerdo petrolero con Estados Unidos, según el cálculo presentado este martes por el economista José Guerra, quien cuestionó la venta de una parte del crudo venezolano a costo y la ausencia de un pago inicial por el acceso a los campos petroleros.
“Mi estimación es que el sacrificio fiscal de Venezuela son 6.000 millones de dólares”, afirmó Guerra durante una conferencia en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la que analizó los términos económicos del pacto y sus posibles efectos sobre las finanzas públicas y la industria petrolera.
La estimación del economista se sustenta en dos componentes: los ingresos fiscales que Venezuela dejaría de percibir por la venta a costo de una parte del petróleo producido y el costo de oportunidad asociado a la ausencia de los llamados “bonos de entrada”, pagos que, según Guerra, el Estado podría haber exigido por el derecho a explotar sus campos.
Para el economista, las condiciones del acuerdo suponen que Venezuela renuncia a ingresos presentes en función de una expectativa de mayor producción e inversión futura. Es precisamente esa relación la que lo lleva a calificar el mecanismo como un subsidio de Venezuela a Estados Unidos.
US$6.000 millones que Venezuela dejaría de percibir
En el primer componente de su cálculo, Guerra estimó el impacto fiscal de vender a costo una quinta parte del petróleo producido. Para un escenario de 100.000 barriles diarios y un precio de referencia de US$70 por barril, calculó un sacrificio de aproximadamente US$408 millones por regalías, US$383 millones por impuesto integrado y US$700 millones por impuesto sobre la renta.
En conjunto, esos conceptos representan cerca de US$1.500 millones en ingresos fiscales que, bajo ese escenario, Venezuela dejaría de percibir.
El cálculo parte de una diferencia entre el precio de referencia y el costo total estimado de producción. Guerra sostuvo que este último no debe limitarse a los gastos directos de extracción, sino que debe incluir también costos indirectos, transporte y seguros. En su ejercicio, situó el costo total en unos US$40 por barril, frente a un precio de venta supuesto de US$70.
“¿Cuánto nos ganamos por cada barril? 30 dólares”, explicó.
A ese componente añadió el segundo elemento de su estimación: el dinero que Venezuela habría podido obtener mediante el cobro de un bono de entrada por el acceso a los campos petroleros.
Como referencia, Guerra tomó la apertura petrolera de 1997, cuando 16 empresas pagaron unos US$2.170 millones por participar en el proceso. Actualizado a valores actuales, estimó que ese monto equivaldría a unos US$4.500 millones.
“Eso fue lo que Venezuela dejó de percibir en mi opinión, números más, números menos. Ahí hay un sacrificio, porque se los entregaron a una compañía a dedo, sin licitación”, sostuvo Guerra al comparar las condiciones actuales otorgadas a North American Blue Energy Partners (NABEP) con la apertura petrolera de finales de los años noventa.
“Si usted hubiera abierto los campos petroleros —que son muy productivos— probablemente ahí hubiesen entrado a otras compañías y hubieran puesto sobre la mesa varios millones de dólares, por el derecho al acceso a los campos”, agregó.
La suma de ambos componentes lleva al economista a estimar en alrededor de US$6.000 millones el sacrificio fiscal asociado a las condiciones del acuerdo.
Para Guerra, el punto central no es únicamente cuánto petróleo podrá producir Venezuela en los próximos años, sino cuánto dejará de ingresar al Estado venezolano bajo las condiciones pactadas.
“Esto no se puede entender sino como un subsidio de un país empobrecido como Venezuela a un país rico, porque está vendiendo el petróleo al costo”, afirmó.
La inversión prometida: el beneficio que aún debe materializarse
El sacrificio fiscal planteado por Guerra tiene como contraparte la expectativa de una fuerte expansión de la industria petrolera. Sin embargo, el economista puso en duda que los US$100.000 millones de inversión anunciados constituyan recursos ya comprometidos.
“No he visto que en el gobierno de los Estados Unidos haya dicho ‘yo me comprometo con 100.000 millones de dólares’. No, se buscarán. ¿Dónde? En el mercado internacional”, afirmó.
La interrogante, añadió, es si NABEP tendrá capacidad financiera para captar los recursos necesarios para desarrollar los proyectos.
“Vamos a ver si NABEP tiene el músculo financiero para conseguir 100.000 millones de dólares para invertirlos en Venezuela”, cuestionó.
Como referencia, Guerra señaló que Chevron ha avanzado con unos US$7.000 millones, una cifra que representa apenas una fracción de la inversión total prevista.
El desafío, según explicó, es todavía mayor en los denominados campos nuevos o greenfields, cuya puesta en producción requiere construir infraestructura y garantizar servicios básicos.
Carreteras, electricidad, agua, materiales, campamentos y mano de obra son algunos de los requerimientos que identificó.
“Explotar un campo de estos tarda entre un año y un año y tres meses”, sostuvo.
De esta manera, mientras el sacrificio fiscal calculado por Guerra corresponde a ingresos que el Estado dejaría de percibir bajo las condiciones del acuerdo, buena parte de los beneficios esperados dependen de que las inversiones anunciadas efectivamente lleguen y se traduzcan en una mayor producción petrolera.
Más petróleo, pero sin un nuevo boom económico
Guerra no descarta que Venezuela pueda incrementar significativamente su producción petrolera. Sin embargo, considera que las expectativas sobre una rápida recuperación de la economía deben moderarse debido al deterioro de la industria nacional.
Estimó que la producción podría alcanzar unos 1,2 millones de barriles diarios en 2026 y recordó que la meta planteada por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, es llegar a 1,5 millones de barriles diarios. Para alcanzar ese nivel habría que sumar unos 300.000 barriles diarios a la producción actual.
El efecto sobre el resto de la economía, sin embargo, dependerá de la capacidad de Venezuela para abastecer la cadena de suministros que requiere la industria petrolera.
Según su estimación, un aumento de 10% en la producción petrolera podría aportar directamente unos 2,5 puntos porcentuales al PIB, pero el efecto indirecto sería mucho menor debido al deterioro de sectores como el acero, el cemento y los productos químicos.
“Sidor produce ni una micra de acero”, afirmó Guerra, quien sostuvo que una parte importante de los insumos necesarios tendría que ser importada.
Por ello, advirtió que el incremento de la actividad petrolera podría beneficiar más a proveedores extranjeros, particularmente de países como Colombia o México, que a la propia industria venezolana.
“La cadena de valor está fracturada y por eso es que la incidencia del petróleo en la economía no petrolera es tan baja, 0,8% nada más, por cada 10%”, explicó.
En materia fiscal, Guerra considera que el aumento de la producción traerá mayores ingresos para el Estado, aunque lejos de representar un nuevo auge como los registrados en otras etapas de la historia petrolera venezolana.
“Claramente van a aumentar”, afirmó sobre los ingresos fiscales, pero advirtió que “no es el boom petrolero de los 70 ni de los 90, porque no tenemos capacidades”.
“Si estuviésemos montado en tres millones de barriles de petróleo, ahí digo, sí. Pero estamos arañando un millón doscientos mil barriles; estamos en una tercera parte de lo que teníamos antes”, apuntó.
La disputa por la renta petrolera
Pese a sus cuestionamientos, Guerra considera que el acuerdo representa una oportunidad para Venezuela, especialmente por su proximidad geográfica al mercado estadounidense y por las condiciones internacionales del mercado energético.
“Clarísimamente esta es una oportunidad para Venezuela. Yo creo que es tal vez la última oportunidad”, afirmó.
A su juicio, el país cuenta con ventajas frente a otros productores y mercados, entre ellas su ubicación y la posibilidad de transportar el crudo hacia Estados Unidos a través del Caribe.
“Venezuela tiene todas las condiciones, esa oportunidad no la podemos perder. Un país que no tiene conflictos políticos, religiosos, ni tribales. No están los hutíes, ni están todo ese conglomerado de problemas que tienen hoy cerrado el estrecho de Ormuz. Aquí eso no existe. Aquí el barco sale sin problema por el Mar Caribe rumbo a Estados Unidos”, sostuvo.
Sin embargo, para el economista el incremento de la extracción no será el principal problema político que enfrentará Venezuela. La disputa fundamental estará en quién captura y cómo se distribuye la renta generada por el petróleo.
“El problema venezolano no va a ser la disputa por la producción petrolera, va a ser por la distribución de la renta petrolera. Ese va a ser el tema político del país”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, Guerra reclamó un nuevo pacto sobre el destino de los ingresos petroleros y llamó a evitar la repetición del modelo de gestión aplicado durante las últimas décadas.
“Nunca más la política petrolera de 1999 a 2017”, afirmó.
El economista aseguró que durante ese período se despilfarró “un trillón 50.000 millones de dólares en subsidios, en bodegas y supermercados vendiendo comida regalada; en empresas tomadas y quebradas; en subsidios del exterior, perdidos; en impagos”.
Para Guerra, el desafío será lograr que la eventual expansión de la producción se traduzca efectivamente en beneficios para la población venezolana y no únicamente en mayores oportunidades para las empresas que participen en la explotación de los campos.
El exparlamentario planteó, por ello, la necesidad de establecer “un nuevo pacto petrolero, un nuevo acuerdo, donde los ingresos petroleros le lleguen al pueblo venezolano”.
