Américo Briceño Dos Santos, Politólogo y profesor universitario.- Desde el evento electoral del 28J, la palabra soberanía cobró mayor fuerza en el discurso público. Pasó de ser un enunciado en la retórica del funcionario de gobierno a transformarse en un vínculo entre las diversas tendencias políticas de oposición que la convirtieron en demanda ciudadana hacía el Estado.
Imaginamos que esto se debió a la interpretación más común con la que suele asociarse el concepto, ese que la ubica en la capacidad de los ciudadanos de decidir el proyecto de sociedad que desean, dictar las leyes vinculantes a ese proyecto y gobernarse a sí mismos bajo un pacto de convivencia.
Sin embargo, para fijar una comprensión sobre el debate actual entorno a la soberanía, es importante señalar que dos características operan sobre el concepto. La primera, que llamaremos soberanía interna: donde la autoridad se ejerce dentro del territorio, sobre la población y sus instituciones; y la segunda, soberanía externa: vinculada a la acción de autodeterminación en un marco de independencia e igualdad jurídica de un país ante otros países, en el concierto de naciones que llaman comunidad internacional.
Marcadas ya las definiciones, avanzamos hacia el análisis. Fíjense, posterior al evento electoral del 2024, los elementos que constituyen la soberanía interna fueron arrebatados o puestos en cesantía por la élite política oficialista, que retuvo el Poder Ejecutivo, negó su propio proyecto de carácter “popular” y elaboró instituciones a la medida de sus deseos, intereses y humores políticos.
Si aceptamos los hechos que componen el relato de 28J como son presentados en la opinión pública nacional: una falta de integridad electoral, un fraude electoral, el desconocimiento a la voluntad ciudadana y un golpe de Estado a la soberanía popular, llegamos a comprender cómo tales dictámenes determinaron, posteriormente, el ambiente político de 2025. Un año que nos llevó a la instalación de un gobierno sin pruebas de triunfo electoral, con una especie de administración corporativista que bien se puede tipificar en la ciencia política como una autocracia sultánica.
Aquello, indiscutiblemente, agravó su situación de escasa legitimidad de origen y presentó un problema de legalidad de fondo al que se supo dar resolución con el único recurso que utilizan este tipo de regímenes, el de la fuerza o violencia estatal, experimentada en la razia 2024-2025.
Así, vimos cómo aquel gobierno negó la primera soberanía y dio licencia para que, en 2026, un actor externo más fuerte nos negase la segunda, arrastrándonos a su voluntad, objetivada en la acción que presenta el interés foráneo como garantía para establecer la buena administración y plantea la recuperación de las soberanías para después.
Si se me pregunta a mí, un costo muy alto para recuperarlas. Por ejemplo, el presidente Trump señala que el primer giro por la “Operación Resolución Absoluta” se nos ha descontado unas 10 veces ya. De igual forma, Nos salió una deuda externa que se especula en más de 220.000 millones de dólares, lo que sin duda me hace recordarles que el venezolano no es mala paga, si no pregúntele a los CEO de una tal aplicación de color amarillo.
En esta forma tan eufemística de presentarnos nuestras relaciones binacionales con el gigante del norte, nos informan que hay un nuevo convenio de explotación petrolera, del cual, de forma responsable, sólo diré que deja al descubierto nuestras heridas en la Constitución.
En este convenio se observan nuestras carencias y faltas a la materia constitucional que supieron ser aprovechadas por los nuevos interlocutores de los venezolanos (la encargaduría) para exhibir la potencialidad energética del territorio y sus posibilidades de ser serviles porque si al fin y al cabo la industria petrolera estaba destruida, se cree de manera oportuna que lo mejor es que un segundo asuma los compromisos que la República ─también en cesantía─ no puede hacer.
Frente a este escenario, nos preguntamos: ¿cuánto poder conserva la sociedad venezolana para decidir su destino? ¿Cuantas violaciones a la Constitución podemos soportar los ciudadanos antes de dejar de ser “resilientes”? ¿Se habrá ponderado las consecuencias duraderas sobre la autonomía económica y la reconstrucción de los vínculos sociales?
Para finalizar, de las preguntas pasamos a las dudas sobre la viabilidad de un mandato bajo tutela; el margen de libertad para nuevas instituciones ante los capitales internacionales y sobre la urgencia de estructurar un modelo propio que devuelva el poder real al ciudadano sin posponerlo más. Dura cosa es dar coces contra el aguijón.
