Julio A. López, editor jefe.- El vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo puso sobre la mesa una batería de anuncios en materia energética durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en medio de la alarma que atraviesa el sector por el riesgo de un apagón. Sin embargo, conviene separar lo que efectivamente dijo el funcionario de las versiones que circularon después en redes sociales, algunas de las cuales mezclaron datos reales con afirmaciones aún sin respaldo documental.
Restrepo defendió con firmeza la reactivación de la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. «No tiene ningún sentido no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo», sostuvo, y agregó que el país tampoco puede eximirse de la responsabilidad de recurrir a métodos no convencionales de extracción. El vicepresidente vinculó esa postura con la preocupante trayectoria reciente del sector: según sus propias cifras, en 2025 solo entró en operación el 1,9% de la nueva energía prevista, un resultado que se repite por quinto año consecutivo.
También es cierto que el funcionario mencionó el gasoducto Antonio Ricaurte, en el norte del país, como una posible vía para importar gas venezolano y aliviar la presión sobre el sistema colombiano. Restrepo enmarcó ese punto dentro de la agenda bilateral que Bogotá mantiene con Washington, aclarando que cualquier avance en esa dirección exige resolver primero los requisitos regulatorios pendientes, entre ellos las licencias que hoy se demoran hasta 800 días en la práctica, muy por encima de los 90 días que fija la ley, y las consultas previas que pueden extenderse hasta cuatro años. Esas demoras, dijo, ya dejaron represados 42 proyectos de transmisión eléctrica.
La sombra de las sanciones sigue presente
El propio proyecto del gasoducto Antonio Ricaurte no nació con este Gobierno: ya en marzo de 2026, Colombia, Petróleos de Venezuela y las autoridades ambientales habían acordado evaluar la reposición de cinco kilómetros de tubería, según reportó El Espectador. Lo que cambió con la nueva administración es el tono político con el que se aborda el tema, ahora de manera abierta, y la necesidad de tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense para que cualquier importación de gas venezolano sea legal bajo el régimen de sanciones que aún pesa formalmente sobre la empresa estatal petrolera de Venezuela.
Esa exigencia recuerda, a modo de espejo, cómo operaba el comercio energético binacional durante los años más duros del gobierno de Nicolás Maduro. En ese entonces, cualquier intercambio de crudo o gas con Venezuela que involucrara actores internacionales requería estructuras de triangulación —swaps de combustible, pagos en criptomonedas como el USDT o intermediarios registrados en terceros países— precisamente para evitar activar las sanciones estadounidenses, dado que una licencia formal de la OFAC era prácticamente inalcanzable.
Hoy, en cambio, la ruta que plantea Restrepo es la inversa: buscar la autorización de Washington de manera directa y transparente, aprovechando el nuevo clima de apertura que vive Venezuela tras la salida de Maduro del poder. El contraste ilustra hasta qué punto cambió el terreno de juego energético en la región en apenas un año: de la elusión encubierta de sanciones a la negociación abierta de licencias bilaterales.
