The Daily Journal. — El Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó al Departamento de Justicia certificar la inmunidad diplomática de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para pedir la desestimación de una demanda civil presentada en su contra ante la Corte del Distrito Sur de Florida, al considerar que, como jefa de Estado reconocida por Washington, está protegida por el derecho internacional consuetudinario.
La petición quedó plasmada en una carta firmada por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed D. Rubinstein, dirigida al fiscal general adjunto Brett Shumate, en la que el Gobierno estadounidense solicita presentar ante el tribunal una «sugerencia de inmunidad» en favor de Rodríguez.
«Bajo los principios del derecho común sobre inmunidad (…) la presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en ejercicio de un Estado extranjero, es inmune mientras ocupe el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en esta demanda», señala el documento.
La comunicación recuerda que Estados Unidos reconoció oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela el 5 de marzo de 2026 y añade que la Embajada venezolana en Washington solicitó formalmente al Departamento de Estado iniciar el procedimiento para certificar esa inmunidad.
«La Embajada de Venezuela ha solicitado al Departamento de Estado que tome las medidas necesarias para certificar la inmunidad de la presidenta Rodríguez en esta demanda, a la luz de su estatus actual como jefa de Estado de Venezuela», indica la carta.
El Departamento de Estado también pidió al Departamento de Justicia actuar con celeridad debido a las implicaciones diplomáticas del caso.
«Los Estados Unidos otorgan particular importancia a obtener la pronta desestimación de los procedimientos contra la presidenta Rodríguez, en vista de las significativas implicaciones de política exterior que conlleva tal acción», señala el escrito.
Demanda civil
La solicitud se produce en el marco del caso Kenemore v. Maduro, una demanda presentada en agosto de 2025 por ciudadanos estadounidenses y familiares de exdetenidos que acusan a altos dirigentes venezolanos de secuestro, tortura y terrorismo, con base en la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos (ATA), la legislación del estado de Florida y la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
Entre los demandantes figuran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes fueron liberados en 2023 durante un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
La intervención del Departamento de Estado coincide con una decisión del juez federal Darrin P. Gayles, quien dictó sentencia en el caso ordenando al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios pagar 314 millones de dólares en indemnización a los demandantes.
No obstante, el juez excluyó expresamente de esa condena a Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así como a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).
Condena contra otros dirigentes
La sentencia responsabilizó a Maduro y a varios integrantes de su antiguo Gobierno por delitos relacionados con secuestro, tortura y terrorismo.
Entre los condenados figuran el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el ministro de Agricultura, Vladimir Padrino; el empresario Alex Saab; el fiscal general Tarek William Saab; el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno; el exministro Néstor Reverol, así como el denominado Cártel de los Soles.
El tribunal concluyó que Maduro dirigió una estructura utilizada para detener arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses con el propósito de utilizarlos en negociaciones para el intercambio de prisioneros.
Procesos paralelos
La solicitud de inmunidad presentada por el Departamento de Estado marca una diferencia entre el tratamiento otorgado por Washington a la actual jefatura del Estado venezolano y los procesos judiciales abiertos contra integrantes de la anterior administración.
La actuación del Departamento de Estado busca que Rodríguez quede excluida de la jurisdicción del tribunal estadounidense mientras ejerza como jefa de Estado reconocida por Washington, invocando el principio de inmunidad de los jefes de Estado establecido en el derecho internacional.
