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María Alejandra Díaz Marín. — La arquitectura constitucional de los Estados Unidos y la propia supervivencia de su democracia enfrentan una amenaza que ningún ciudadano responsable debería ignorar. No se trata simplemente de una disputa entre partidos ni de una controversia ordinaria sobre política exterior o económica. Lo que está en juego es la preservación de los límites constitucionales, de la separación de poderes y de la idea de que ninguna razón de Estado puede colocarse por encima de la ley.
Desde los fundamentos republicanos y el pensamiento económico de Alexander Hamilton, pasando por la tradición del desarrollo nacional y la economía política, existe una premisa esencial: una república fuerte no puede sostenerse sobre la especulación financiera, el endeudamiento improductivo o la concentración oligárquica de la riqueza. Su estabilidad depende de la producción, del trabajo creador, de la agricultura, de la industria, de la infraestructura, de la ciencia y de la energía.
Una nación que abandona su economía productiva para convertir la especulación en principio rector debilita simultáneamente su base material y sus instituciones políticas. Cuando el poder económico concentra recursos suficientes para imponer sus prioridades sobre el bienestar general, la democracia comienza a perder contenido.
Ese es el peligro que ya debería preocupar a quienes defienden genuinamente la tradición constitucional norteamericana. Observamos con alarma cómo sectores políticos y económicos flirtean con una concepción del poder que privilegia el decreto, la excepcionalidad permanente y el cálculo táctico. Se pretende gobernar mediante la emergencia permanente, mientras la separación de poderes corre el riesgo de convertirse en una formalidad.
No existe seguridad nacional cuando la Constitución es progresivamente vaciada desde dentro.
Las decisiones de una gran potencia trascienden sus fronteras. Cuando el poder abandona el derecho y sustituye la diplomacia por la coerción, la amenaza o la fuerza, la inestabilidad se proyecta sobre el resto del mundo. La fuerza puede producir obediencia momentánea, pero difícilmente genera legitimidad duradera.
Esta reflexión cobra especial importancia frente a Venezuela. Ninguna persona en su sano juicio, en Estados Unidos, Europa o nuestra América, puede considerar aceptable que estructuras de poder vinculadas a la tortura, la persecución y la criminalidad se conviertan en interlocutores privilegiados simplemente porque ofrecen ventajas económicas o políticas. No puede existir una política democrática fundada en la conveniencia de pactar con quienes han acumulado poder y riqueza a costa del sufrimiento de un pueblo.
Una política exterior que, en nombre de combatir una amenaza, termina legitimando nuevas formas de criminalidad, autoritarismo o saqueo no resuelve el problema: lo multiplica. La podredumbre política no se contiene mediante alianzas oportunistas con otras formas de podredumbre. Puede extenderse como una enfermedad institucional que atraviesa fronteras y destruye la confianza de los pueblos en la democracia.
Por eso, la defensa de la Constitución y la de la economía productiva forman parte de una misma batalla. Una democracia constitucional necesita ciudadanos libres, instituciones independientes y una economía capaz de generar bienestar. Cuando la riqueza captura el poder político, o cuando el Ejecutivo se acostumbra a gobernar mediante la excepcionalidad, la república comienza a perder sus defensas.
Nuestra advertencia al pueblo norteamericano y a los demócratas de todo el continente es sencilla: no hay seguridad nacional posible si se destruye el orden constitucional desde adentro. No existe estabilidad duradera construida sobre la alianza con tiranos, torturadores o estructuras criminales. Tampoco existe prosperidad sostenible fundada exclusivamente en la especulación y el saqueo.
La verdadera tradición republicana exige instituciones sometidas a la ley, respeto a la soberanía de las naciones, crédito orientado al desarrollo, inversión en infraestructura y producción, y una política exterior fundada en intereses legítimos, pero limitada por principios jurídicos y morales.
Recuperar la cordura económica y geopolítica exige rescatar la letra y el espíritu de la democracia constitucional. Exige rechazar los falsos mesianismos, el autoritarismo y la tentación de sacrificar principios permanentes en beneficio de victorias momentáneas.
Las constituciones no mueren únicamente cuando son abolidas. También pueden morir lentamente cuando quienes juran defenderlas descubren que les resulta más cómodo ignorarlas. Y cuando una nación poderosa pierde el respeto por sus propios límites constitucionales, el peligro no termina en sus fronteras.
