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Julio A. López, editor jefe. – El cierre de facto del estrecho de Ormuz desde el 4 de marzo de 2026 no solo disparó los precios internacionales del crudo, sino que también obligó a Washington a echar mano, de forma masiva y sin precedentes, de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). Esa decisión, tomada para evitar una espiral alcista descontrolada, terminó exponiendo hasta qué punto Estados Unidos depende de fuentes de suministro que no se basan en rutas marítimas vulnerables, como la de Ormuz, y colocó a Venezuela en un lugar inesperadamente central en esa ecuación.
Una reserva que se agota
Cuando estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, la SPR contaba con unos 415 millones de barriles. El secretario de Energía, Chris Wright, anunció en marzo la liberación de 172 millones de barriles en un plazo aproximado de 120 días, como parte de una acción coordinada con la Agencia Internacional de la Energía que movilizó 400 millones de barriles entre sus países miembros, la mayor operación conjunta en cincuenta años del organismo. Para agosto, la reserva estadounidense había caído a apenas 298,7 millones de barriles, su nivel más bajo desde 1983, tras veinte semanas consecutivas de descensos.
La reserva no es ilimitada y Estados Unidos está actuando como «proveedor de último recurso» ante la demanda global, algo que, tarde o temprano, deberá reponerse, lo que volverá a presionar los precios al alza. Brookings Institution calculó que, al final del programa de liberación, la SPR quedaría en torno a los 300 millones de barriles, un margen que consideran ajustado frente al mínimo técnico de 150 millones necesario para no dañar las cavernas de sal donde se almacena el crudo.
El giro hacia Venezuela
En paralelo a este agotamiento de reservas, Washington dio un giro drástico en su política hacia Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, el gobierno de Trump comenzó a presionar al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez —hasta entonces vicepresidenta y ministra de Petróleo— para que Estados Unidos pudiera dirigir directamente las ventas de crudo venezolano, limitando así el rol de actores como China, Rusia o Irán en ese mercado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió en marzo nuevas licencias generales que autorizan ampliamente la extracción, exportación, venta y transporte de petróleo y gas venezolanos, además del retorno de operadoras como Chevron a una actividad plena en el país.
La lógica estratégica es evidente: mientras Ormuz permanece bloqueado y el mar Rojo se suma como segundo frente de riesgo por los ataques hutíes, Estados Unidos necesita asegurar fuentes de suministro que no dependan de estrechos marítimos controlados por adversarios. Venezuela, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo y una producción que aún está muy por debajo de su potencial —apenas una fracción de los más de 3 millones de barriles diarios que llegó a producir—, se convirtió en una pieza que Washington ya no puede permitirse ignorar.
Seguridad energética como prioridad nacional
El caso ilustra una lección que la crisis de 2026 dejó grabada en la política energética estadounidense: el acceso a fuentes de crudo seguras, cercanas y bajo la influencia directa de Washington ya no es una conveniencia económica, sino una cuestión de seguridad nacional. La dependencia de un estrecho a miles de kilómetros de distancia, situado en un conflicto armado activo, demostró ser una vulnerabilidad que ni siquiera la mayor reserva estratégica del mundo puede sostener indefinidamente. En ese contexto, la apertura hacia Venezuela no es solo una jugada geopolítica contra Caracas: es, ante todo, una respuesta a la fragilidad que Ormuz expuso en el corazón mismo del sistema energético estadounidense.
