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Roberto Marrero, abogado y político venezolano.- El primero de agosto se inicia la negociación entre la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y los representantes del interinato, un proceso impulsado por la administración Trump.
Hoy, la vía institucional es la más viable para construir una salida electoral confiable en Venezuela, para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y para convocar elecciones. Este proceso tiene un beneficiario claro: el pueblo de Venezuela; además, en cualquier proceso electoral medianamente confiable, María Corina Machado lo ganaría. Un nuevo CNE no es una amenaza para su liderazgo; al contrario, es la manera de ratificarlo en las urnas.
Estamos ante un escenario de transición pactada. En su obra clásica Transiciones desde un gobierno autoritario (1986), Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter identificaron un patrón que se repite en estos procesos: los regímenes que negocian su salida buscan garantías de que no serán aniquilados políticamente y, por ello, favorecen vías graduales antes que rupturas abruptas. España lo resolvió con Adolfo Suárez desmontando el franquismo «de la ley a la ley». Chile realizó su plebiscito de 1988 a través del Servicio Electoral heredado del régimen anterior. Sudáfrica negoció su Comisión Electoral en el CODESA (Convención para una Sudáfrica Democrática), tras años de andamiaje previo. El denominador común no es que la oposición controle al árbitro desde el día uno, sino que exista una vía formal que reduzca la incertidumbre para quienes ceden el poder.
La oposición venezolana tiene a su favor algo que ni Sudáfrica ni Chile tenían al inicio: un mecanismo constitucional, reconocido internacionalmente, la Asamblea Nacional de 2015, cuya mayoría opositora nunca fue disuelta por cauces legítimos. Representada por su presidenta, la diputada Dinorah Figuera, quien no actúa a título personal; representa a la Asamblea Nacional, que tiene la competencia constitucional para designar al CNE y el TSJ.
No caigamos en un falso dilema de confundir el liderazgo político-electoral con la competencia constitucional. Ni siquiera Edmundo González Urrutia, presidente electo el 28 de julio de 2024, tiene la potestad de nombrar rectores del CNE o magistrados del TSJ: esa es atribución exclusiva del poder Legislativo, no del ejecutivo. Hay una Constitución que divide las funciones entre distintos poderes. Y hay que empezar a cumplirla.
Esperar la negociación perfecta es una utopía: las transiciones son procesos caóticos, con amigos y enemigos. Pero, gracias a Dios, hay una posibilidad real luego del 3 de enero y con el apoyo de EE. UU. No abusemos de la suerte: mientras más factores apoyemos la vía electoral, más posibilidades de éxito tendrá.
Debemos impulsar una coalición nacional por la transición que vaya más allá del CNE y del TSJ: se trata de reinstitucionalizar la República, desmantelada durante más de dos décadas por un fraude constitucional avalado por la Corte Suprema de 1999.
“Los venezolanos, el 28 de julio, le ganamos al CNE de Maduro y nos robaron la elección. ¿Por qué esta vez será diferente? Para empezar, Maduro ya no está y hay una ruta institucional clara en tres etapas: primero, restaurar el CNE y el TSJ; luego, generar las condiciones y garantías para una salida electoral; y, finalmente, la transición misma. No es un salto de fe: es un proceso verificable paso a paso, y podemos evaluarlo por sus resultados concretos: reforma electoral comprobable, calendario claro, garantías reales. Transitar otro camino no solo es inviable, sino también inconstitucional. En criollo, “esto es lo que hay.”
PD: ¿Que los venezolanos tienen derecho a desconfiar? Por supuesto. Pero desconfíen también de quien propone salidas fuera de la Constitución, que así llegó Chávez. Los rectores del CNE los nombra la Asamblea Nacional. La Constitución es clara.
