Óscar Reyes Matute .- En la narrativa clásica del cine de Hollywood, todo drama judicial exige un punto de giro: la revelación de la prueba condenatoria, la caída del acusador estrella o el colapso del tribunal por sus propias contradicciones. La destitución de Karim Khan como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) encaja con precisión en esta estructura dramática, donde el acusador se convierte en el juzgado y los fallos en el debido proceso exponen la fragilidad del edificio institucional.
Acto I: El Acusador Acusado
La salida de Khan no derivó de un debate jurídico, sino de una investigación interna por acusaciones de acoso sexual contra una empleada de la propia fiscalía. En el auge de este escrutinio, Khan intentó un giro argumental: la emisión precipitada de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa Yoav Gallant. Sin embargo, el recurso no logró desviar la atención. La investigación por conducta indebida siguió su curso hasta derivar en su destitución formal, dejando en evidencia el conflicto de interés y la falta de rigor procedimental.
Acto II: La Ausencia de Jurisdicción y el Debido Proceso
El argumento de la fiscalía se desmorona al examinar la arquitectura de la CPI bajo el Estatuto de Roma. El principio de complementariedad establece que la CPI solo puede intervenir cuando los estados no cuentan con sistemas judiciales autónomos o independientes. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma. Israel, como democracia funcional con un Poder Judicial independiente, posee plena competencia para investigar a sus propios líderes o evaluar posibles excesos en el ejercicio de su legítima defensa tras el ataque perpetrado por Hamas en su territorio.
Al emitir una orden de arresto sin una investigación previa formal ni sustento probatorio validado, la fiscalía violó el debido proceso. Este vicio procesal transformó la acción legal en una extralimitación de funciones. La ironía política alcanzó su punto culminante cuando el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sugirió la posibilidad de arrestar a Netanyahu durante su visita a las Naciones Unidas, propuesta que colisionó con la realidad jurídica y fue tajantemente desestimada por el marco federal estadounidense y la postura del Secretario de Estado Marco Rubio, quien advirtió sobre la falta de jurisdicción de tribunales extranjeros en territorio soberano. El que podía terminar preso es Mandami, por abuso de autoridad, y violación de la jurisdicción del poder judicial norteamericano.
Otro que se montó en esa nave de los locos fue Pedro Sánchez, quien en el momento en que su esposa fue acusada en firme de corrupción y enfrenta juicio, envió naves españolas a escoltar a Greta Thunberg y la flotilla rumbo a Israel.
Para desviar la atención, declaró que respetará y cumplirá las decisiones de la CPI. Esto implica que, si Benjamín Netanyahu ingresara a territorio español, las autoridades españolas estarían obligadas por derecho internacional a proceder con su detención para ponerlo a disposición del tribunal.
Pero ese sueño húmedo de Pedro Sánchez no se va a cumplir. Ni Netanyahu va a visitar España, ni el Fiscal va a proseguir una causa que no tuvo investigación ni debido proceso.
Quien puecde terminar preso es el ex-Fiscal. Cuando salga, podrá volver al Líbano, a vender pan dulce, como dice el historiador Irving Gatell.
Acto III: El Conflicto de Interés y el «Giro Venezolano»
El libreto de la CPI adquiere mayor complejidad al examinar los casos desatendidos. Mientras la fiscalía actuaba de forma expedita contra líderes de estados no miembros, las causas con investigaciones avanzadas por presuntos delitos de lesa humanidad se mantuvieron estancadas. El caso de Venezuela ilustra este contraste: la presencia de lazos profesionales entre el entorno cercano del fiscal y la defensa legal del gobierno de Nicolás Maduro generó cuestionamientos persistentes sobre la imparcialidad de la fiscalía. ¿Cómo es que la esposa del Fiscal forma parte de la defensa de Maduro?
El desenlace diplomático se selló con el anuncio del retiro formal de Venezuela del Estatuto de Roma. Con esta decisión, el gobierno venezolano desconoce la jurisdicción de la CPI para eventuales causas futuras sobre sus funcionarios, mientras la justicia internacional observa cómo sus instrumentos pierden alcance normativo y efectividad geopolítica.
Epílogo: El Veredicto de la Geopolítica
El caso del fiscal Karim Khan deja como lección que la justicia internacional no puede operar al margen de las jurisdicciones nacionales ni del debido proceso. Cuando las instituciones de juzgamiento sustituyen el rigor normativo por decisiones de oportunidad política, el resultado es la pérdida de legitimidad. Como en los grandes finales del cine procesal, cuando cae el fiscal por sus propias faltas, el caso se da por concluido y el tribunal pierde su autoridad moral.
