The Daily Journal.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela expresó el lunes su preocupación por la intención del Gobierno venezolano de desvincularse de la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo sobre las graves consecuencias que esta medida conlleva para los derechos humanos en el país.
El organismo multilateral señaló a través de un comunicado que «esta decisión suscita serias preocupaciones sobre el compromiso del Gobierno con la rendición de cuentas y sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos».
Asimismo, la Misión subrayó el momento coyuntural en el que se toma la medida, destacando que «llega en un momento crítico para el país, cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de las y los venezolanos a la justicia, la verdad y un adecuado esclarecimiento de los hechos del pasado».
En su declaración, la Misión criticó la inacción del Estado venezolano en la búsqueda de justicia interna, afirmando que «hasta el momento la actual administración no ha adoptado ninguna medida significativa para avanzar en las investigaciones sobre las graves violaciones e ilícitos internacionales ampliamente documentados que se han cometido durante más de una década».
A juicio del órgano investigador, con esta acción «el Gobierno busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional».
Ante este panorama, la representación de la ONU hizo un llamado explícito a las autoridades venezolanas: «La Misión insta al Gobierno de Venezuela a revocar su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional y a colaborar y cooperar plenamente con todos los mecanismos internacionales de justicia y órganos de derechos humanos, incluida la propia Corte», manifestó.
Finalmente, enfatizaron que la responsabilidad del Estado no concluye en el ámbito externo, recordando que «las autoridades también deben comprometerse a investigar y llevar ante la justicia a las personas presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos mediante procesos nacionales que cumplan con las normas internacionales».
