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María Alejandra Díaz Marín. – Desde las crónicas de la antigüedad clásica hasta las expansiones imperiales de la era moderna, la máxima vae victis —¡ay de los vencidos! — ha servido como justificación definitiva del derecho de conquista.
Históricamente, la victoria militar otorgaba al triunfador un derecho inalienable sobre el botín: tierras, tesoros y la propiedad de los derrotados. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico contemporáneo, esta práctica ha sido desmantelada y se enfrenta a un obstáculo infranqueable: el Estado de derecho constitucional, con la Constitución de los Estados Unidos como uno de sus baluartes más firmes.
El derecho internacional moderno, consolidado tras la Segunda Guerra Mundial, erradicó la licitud del botín. La Carta de las Naciones Unidas, mediante su Artículo 2, inciso 4, prohibió el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados, estableciendo el principio fundamental de ex injuria jus non oritur: de un acto ilícito no puede nacer un derecho. Por tanto, ninguna ganancia territorial o patrimonial obtenida mediante una agresión bélica puede ser reconocida como legal por la comunidad internacional. El pillaje, antes práctica aceptada, es hoy un crimen de guerra.
No obstante, la barrera más impenetrable para la lógica del botín no reside únicamente en los tratados internacionales, sino también en la arquitectura interna de las democracias constitucionales. En el caso de los Estados Unidos, la Constitución erige muros conceptuales y procesales que imposibilitan la apropiación del botín de guerra de manera premoderna.
El elemento central es la Quinta Enmienda, específicamente la Takings Clause (Cláusula de Expropiación). Esta disposición establece que la propiedad privada no puede ser tomada para uso público sin una compensación justa. Aunque la jurisprudencia ha reconocido facultades al Congreso para gestionar bienes de potencias enemigas en conflictos armados, estas facultades están estrictamente limitadas por el debido proceso. No existe, en el orden constitucional estadounidense, la potestad para que el Ejecutivo o las fuerzas militares conviertan los activos de un enemigo en botín discrecional, repartible o personal.
La separación de poderes desempeña un papel crítico aquí. En el sistema estadounidense, el poder de declarar la guerra y regular las presas y capturas reside en el Congreso (Art. I, Sec. 8, Cl. 11), no en el presidente de manera absoluta. Cualquier bien o valor confiscado debe seguir un proceso legal riguroso y ser integrado al Tesoro Público mediante estrictas partidas presupuestarias autorizadas por el legislativo. La idea de un botín de guerra que enriquece a los vencedores es, desde este prisma, una afrenta directa al principio de legalidad y a la protección constitucional de la propiedad.
La incompatibilidad del botín con el Estado de derecho es profunda. La máxima del botín se nutre de la arbitrariedad, mientras que el Estado de derecho se nutre de la predictibilidad. Si el Estado pudiera «recompensarse» a sí mismo mediante el despojo de los derrotados, destruiría el vínculo de confianza con sus propios ciudadanos. Un gobierno que normaliza el botín externo termina corroyendo las salvaguardas que protegen la propiedad privada dentro de sus propias fronteras.
En última instancia, la evolución hacia una sociedad gobernada por leyes ha transformado el propósito de la guerra. Ya no se trata de un modelo de negocio orientado al enriquecimiento del vencedor, sino de una situación excepcional y trágica que el Derecho intenta limitar mediante normas de conducta. La Constitución de los Estados Unidos, al subordinar el poder bélico a la legalidad procesal y al debido proceso, no solo protege a sus ciudadanos de la arbitrariedad, sino que también establece un estándar moral y jurídico para la comunidad global.
Reconocer que el «botín» ya no es una opción jurídica es admitir que la verdadera fuerza de una nación no reside en lo que pueda arrebatar a los vencidos, sino en la solidez de sus instituciones. La prohibición constitucional del botín, lejos de ser un impedimento para la seguridad nacional, es el blindaje que garantiza que, incluso en tiempos de conflicto, la integridad y la justicia prevalezcan sobre la lógica del despojo. La lección contemporánea es clara: en un sistema constitucional, el único «botín» legítimo es la paz y el restablecimiento del orden jurídico.
