La transparencia no es un valor accesorio en la política. Es su principal mecanismo de legitimidad. Cuando desaparece, comienza a erosionarse la confianza pública y, con ella, el capital político de quienes ejercen el poder.
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Entre el 16 y el 18 de julio, el Brent completó un viaje de ida y vuelta que puede resumirse como “toda la psicología del mercado en una sola línea”: el crudo saltó de nuevo hasta rondar los 90 dólares, con un alza de aproximadamente 2,4% durante el fin de semana, y tocó picos intradía cercanos a 92 dólares, mientras Bloomberg reportaba que Teherán consideraba el alto el fuego “efectivamente abandonado”.
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Hoy, la vía institucional es la más viable para construir una salida electoral confiable en Venezuela, para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y para convocar elecciones. Este proceso tiene un beneficiario claro: el pueblo de Venezuela; además, en cualquier proceso electoral medianamente confiable, María Corina Machado lo ganaría. Un nuevo CNE no es una amenaza para su liderazgo; al contrario, es la manera de ratificarlo en las urnas.
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Ya es evidente que el desarrollo de la Apertura 2.0 no avanza. La evidencia ya no es ocultable. EE.UU. y el Gobierno de Donald Trump ya han determinado que el problema es el enorme peso de Pdvsa y cómo su voluminosa figura bloquea la Apertura 2.0. Pdvsa es propietaria de todos los mejores campos y bloques y, a pesar de los cambios legales realizados este año, posee en ellos un mínimo del 60% de las acciones y los derechos exclusivos de producción. Pero no tiene dinero ni créditos y está sobreendeudada.
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El esquema del «Bono vivienda – Promotor» se basa en la emisión y el otorgamiento de un Bono de Deuda Pública Nacional (DPN), cuyo único fin es aplicarlo como cuota inicial para la adquisición de una vivienda principal. En consecuencia, El «Bono» tiene como único objetivo servir como subsidio de la cuota inicial para la adquisición de vivienda y la porción adeudada restante está atada al otorgamiento de un crédito de Ley de Política del Régimen Prestacional de Vivienda y Habitat; o con recursos propios de la banca.
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